miércoles, 7 de febrero de 2018

LA PRODUCCION AGRARIA Y LOS PRECIOS DE REFUGIO Y PRECIOS DE GARANTÍA

A PROPÓSITO DE LA SOBRE PRODUCCIÓN DE PAPA.
 

           A nivel nacional hemos superado a medias un Paro Agrario desatado por el irrisorio precio de la papa en los mercados del país. Hemos visto cómo los productores agrarios de este tubérculo han reclamado al Estado Peruano para que les compre su producción a un precio que les permita recuperar sus costos de producción y que les genere una ganancia que garantice el sostenimiento de sus familias.

            En los considerandos del Decreto de Urgencia Nº 001-2018, el Estado ha reconocido: 1) Que el cultivo de papa en el Perú es una actividad de alta importancia económica y social por ser  el sustento de más de 710 mil familias dedicadas a su cultivo principalmente en la zona andina; 2) Que a nivel nacional la siembras de papa se han incrementado en los años 2006-2007 en 286,346 hectáreas; en los años 2016-2017 en 317,860 hectáreas, y para esta campaña agrícola en 31,514 hectáreas, de modo que existe un incremento en la producción de 1’300,000 de toneladas; 03) Que, en los departamentos de Huánuco, Junín, Huancavelica, Apurímac y Ayacucho esta sobre producción ha provocado la caída de su precio de S/. 1.05 en el año 2016 a S/. 0.10/Kg. en la actualidad.

Todo este situación socio-económica nos lleva a recordar la existencia de los precios de garantía y de refugio establecidos legalmente en los años 80º del siglo pasado. Pasemos a recordar estas normas y lo que sobre esta materia en ellos se ordenaba, pero primero repasemos algunos conceptos.

¿Qué es el Precio de Garantía?

Los economistas señalan que es el valor mínimo de adquisición para productos agropecuarios que el gobierno garantiza a los productores. Lo que quiere decir, que es el precio que antes de la campaña agrícola, el Estado concierta con los productores agrarios, para pagarles por determinados productos (papa, cebada, trigo, arroz, pollos, etc.) al tiempo de la cosecha y fase de crianza. 

¿Qué es el Precio de Refugio?

El precio de refugio es la garantía que el Estado le otorga al agricultor para que cuando el precio de su producción caiga en el mercado, este le pagará un precio para que pueda recuperar sus costos de producción y obtener una ganancia razonable que le permita vivir con dignidad, y no ser víctima de los intermediarios, pero sobre todo para su actividad no sea inútil hasta el extremo que le obligue a abandonar el campo.

Este precio de refugio se creó durante la Gran Depresión de 1929 de los Estados Unidos, y tuvo su primera expresión en la Ley de Ajuste Agrícola de 1933. Esta ley se revisa y reajusta una vez cada cinco años, es decir que cada lustro se aprueba un paquete completo de normas a favor de los productores agrarios, para que estos no abandonen la producción agrícola y el campo.

A estas leyes que las elabora el Gobierno Federal estadounidense se les conoce como Leyes de Granjas o “Farm Bill”, en ellas se establecen las principales políticas para la agricultura y la producción alimentaria norteamericana teniendo en cuenta sobretodo que su principal objetivo es la alimentación y nutrición de sus pobladores.


 ¿Existe Precios de Garantía o Precios de Refugio dentro de la Legislación peruana?

¡NO!, pero si existieron, veamos:

            En el artículo16º del Decreto Legislativo Nº 02, Ley de Promoción y Desarrollo Agrario, del 17 de noviembre de 1980 (Segundo Gobierno de Fernando Belaunde), se dispuso:

Artículo 16.- El Ministerio de Agricultura y Alimentación, mediante Resolución Ministerial, previa coordinación con el Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio, podrá fijar en todo el país o en determinadas áreas; precios de garantía o refugio para los productos agropecuarios alimenticios no perecibles susceptibles de almacenarse por existir infraestructura adecuada cuando sea necesario alentar su producción, garantizando la adquisición de excedentes estacionales y asegurando al productor un precio de estímulo.”

Aunque este artículo fue modificado por el artículo 133º de la Ley N° 24030, y luego por el artículo 9º del Decreto Supremo N° 009-86-AG, no dejó de existir un garantía legal mediante la cual el Estado Peruano a través del Ministerio de Economía y Finanza podía: “(….) fijar en todo el país o en determinadas áreas, precios de garantía o de refugio para productos agropecuarios alimenticios cuando sea necesario alentar su producción, asegurando al productor un precio de estímulo".

            Esta norma fue reglamentada por el Decreto Supremo Nº 147-81-AG, promulgada el día 02 de octubre de 1981, que en el inciso j) de su artículo 1º, lo definía así:

Artículo 1.- Para los efectos del presente Reglamento se considera:
(….)
j. “Precio de Refugio.- Se denomina así al precio que se fija a un producto agropecuario alimenticio no perecible, cuando se estima que va a existir un sobreabastecimiento del mismo: este precio debe comprender como mínimo, los costos de producción más una utilidad razonable.
(…..)”

Más adelante en su artículo 21º, se estableció que estos precios de refugio podrían establecerse a nivel nacional o en determinadas áreas geográficas.

En el primer párrafo de este artículo se hizo la salvedad de que el Estado podía establecer precios sobre el cultivos y crianzas que el propio Estado pudiera incentivar, dadas las condiciones adecuadas del área geográfica para producirlas. En este caso se estaría hablando de un precio de garantía.

También se señaló que de ser fijados precios de refugio para áreas diferentes, sus montos podrían ser diferentes teniendo en cuenta lo siguiente: 01) Los niveles tecnológicos del área; 02) la distancia a los centros de acopio, los centros de comercialización rural o los mercados de consumo; y 03)  La disponibilidad de almacenamiento de los mismos.

También se estableció la obligatoriedad del Estado a pagar los precios de refugios fijados, sin perjuicio de que el productor pudiera vender libremente sus productos.

En este mismo artículo se ordenó que la adquisición de los productos a precios de refugios estaría a cargo de una empresa estatal, la que debía pagar los productos que adquiría al contado y en el lugar de la compra venta.

Por el artículo 22º se estableció que la fijación de precios de refugio, solo se hará cuando por informe del Ministerio de Agricultura se haya previsto un sobre abastecimiento del mismo.

Finalmente el artículo 23º dispuso que la compra de productos sujetos a precios de refugio, se harían en los lugares de producción o en los centros de acopio que el Estado determine.

Estos precios de refugio estuvieron en la atención de la administración pública nacional, razón por la cual mediante Decreto Supremo Nº 138-82-AGmse aprobó la relación de productos agrarios para acogerse al régimen de precios de garantía y/o refugio, pero luego no se supo más de ellos.
 

¿Qué pasó con estos dispositivos legales?

            Aunque no aparece la norma legal que lo haya derogado expresamente, mediante Decreto Legislativo Nº 653, Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario, publicado el 01 de agosto de 1991, fueron tácitamente derogados, tanto más cuando en su artículo 70º, se señala inequívocamente, lo siguiente:

Artículo 70.- Las condiciones de libre mercado determinan los precios de los productos agrarios.”

            De este modo desaparecieron de la legalidad nacional los Precios de Refugio y los Precios de Garantía.

¿Qué es el libre mercado?

El libre mercado es un sistema en el que el precio de los bienes o servicios es acordado entre los vendedores y los compradores mediante las leyes de la oferta y la demanda.[1] Para su existencia el Estado debe garantizar: 01) La libre competencia; 02) Controlar las fuentes de suministros, nacionales o extranjeros;  y, 03) Los precios a la producción.

Pero si en lugar el gobierno son una o varias empresas las que controlan alguno de estos tres factores entonces estaríamos hablando de la existencia de un monopolio,[2] condición económica que está prohibida por el artículo 61º[3] de la Constitución Política del Perú de 1993.

¿Qué se está haciendo dentro de la presente emergencia?

            Ante la carencia de una legislación sobre Precios de parantía o Precios de Refugio, ante el reclamo de los productores agrarios, el Gobierno Nacional ha respondido dando el Decreto de Urgencia Nº 001-2018, mediante el cual:

Artículo 1.- Facultar a los Gobiernos Regionales a adquirir papa blanca

Autorícese, excepcionalmente y durante la vigencia del presente Decreto de Urgencia, a los Gobiernos Regionales de los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco y Junín, a contratar con los productores y organizaciones conforme a lo establecido en el Código Civil, la adquisición de papa blanca a fin de contribuir en la atención de programas sociales y/o asistenciales conducidos a través de entidades públicas y/o privadas sin fines de lucro.

Cada Gobierno Regional determinará el precio de adquisición de papa blanca en función de su estructura de costos respectiva.”

 Esta facultad excepcional se mantendrá solo hasta el 28 de febrero del 2018, dentro de los cuales estos Gobiernos Regionales podrán adquirir 7,000 kilogramos de papa blanca por productor a un (01) sol por kilo (papa de 70 gramos o más) según el acuerdo alcanzado entre el Ministro de Agricultura y Riego y los productores de papas.

¿Es conveniente la existencia de Precios de Refugio o Precios de Garantía?

En un trabajo de la FAO  http://www.fao.org/docrep/007/y5673s/y5673s0r.htm sobre los precios de garantía se señala lo siguiente:

“Los precios de sostén, o precios de garantía, han sido adoptados en muchos países. Son primos de los precios administrados; intentan controlar los precios solamente en dirección descendente, mientras permiten aumentos sin restricción. Padecen de las mismas limitaciones conceptuales y prácticas de los precios administrados. Además, los precios de garantía son costosos para el presupuesto público, porque normalmente están diseñados para elevar el precio a los productores por encima del precio de equilibrio de mercado, y también para mantener los precios a los consumidores en o debajo el nivel de mercado. Entonces el gobierno paga la diferencia.

Otra fuente de gastos fiscales surge de la red de puntos de acopio e instalaciones de almacenamiento que los gobiernos deben construir y operar a fin de administrar la política de precios de garantía. A menudo estas instalaciones no son manejadas eficientemente, lo que incrementa aún más los costos de la política.”

Y luego agrega:

“Otro defecto común de estas políticas es que el acceso a los precios de garantía está sesgado en beneficio de los productores más acomodados, que pueden trasladar su cosecha en camiones a los puntos de acopio o asegurarse un tratamiento favorable por otras vías.

Un problema conceptual básico de los precios de garantía concierne a la determinación de su nivel. Aun aceptando que no se pretende que sean precios de equilibrio de mercado ¿cuál debe ser su nivel? A menudo, el procedimiento operacional es tratar de establecer precios de sostén que cubran el costo de producción estimado para cada cultivo, y elevar los precios de año en año a medida que aumentan los costos. Pero esto equivale a recompensar la ineficiencia.”


            Al parecer su implementación tiene que ver con otros factores adicionales como su transporte, la existencia de centros de acopio, la infraestructura para su almacenamiento y las administración de los mismos, así como que los mismos no sean un factor que equilibre el mercado normal para estos productos. 

Sobre la base de estos estudios y otros de la región latinoamericana, y las necesidades que plantea la nueva realidad económica del país considero que mediante una modificación del Decreto Legislativo Nº 653, Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario o la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se puede implementar un sistema legal de los Precios de Refugio a nivel regional que deban proteger la sobre producción de los  productos agrarios representativos de cada región, pero condicionado a lo siguiente:

  1.  Que el Precio de Refugio Regional que se fije solo podrá beneficiar al productor que en su condición de jefe de familia, campesino a tiempo completo y que demuestre que ha introducido los cultivos con su propio peculio.
Este beneficio no deberá alcanzar a los  productores particulares que alquilan tierras comunales para la producción de papas. Estos deben someterse a las condiciones del libre mercado.

  1. Que el Precio de Refugio Regional sea fijado sea temporal de modo que no distorsione abiertamente el mercado.
  1. Que la producción adquirida por los Gobiernos Regionales sea entregada directamente a los programas sociales, club de madres, orfelinatos, asilos y si existirá alguno excedente venderlo en marcados de los distritos en extrema pobreza de la región.
  1. Que en paralelo se formulen Proyectos de Inversión Pública que capaciten a los productores agrarios a diversificar sus cultivos, para bloquear la excesiva oferta de papa que baja significativamente los precios hasta el extremo de perjudicarlos gravemente.
FINALMENTE SOLO NOS QUEDA SEÑALAR QUE LOS “PARCHES” NO GARANTIZAN NADA, MENOS AUN SI ESTÁ DE POR MEDIO LA SOBREVIVENCIA DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS.




[1] La ley de la Oferta y la Demanda, es el principio básico sobre el que se basa una economía de mercado. Este principio refleja la relación que existe entre la demanda de un producto y la cantidad ofrecida de ese producto teniendo en cuenta el precio al que se vende el producto.
Así, según el precio que haya en el mercado de un bien, los oferentes están dispuestos a fabricar o producir un número determinado de ese bien. Al igual que los demandantes están dispuestos a comprar un número determinado de ese bien, dependiendo del precio. El punto donde existe un equilibrio porque los demandantes están dispuestos a comprar las mismas unidades que los oferentes quieren fabricar, por el mismo precio, se llama equilibrio de mercado o punto de equilibrio.
Según esta teoría, la ley de la demanda establece que, manteniéndose todo lo demás constante, la cantidad demandada de un bien disminuye cuando el precio de ese bien aumenta. Por el otro lado, la ley de la oferta indica que, manteniéndose todo lo demás constante, la cantidad ofrecida de un bien aumenta cuando lo hace su precio.
[2] El monopolio es una estructura de mercado en donde existe un único oferente de un cierto bien o servicio, es decir, una sola persona o empresa domina todo el mercado de oferta.
[3]   Artículo 61.- El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios.
     La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares.

martes, 26 de diciembre de 2017

CURSO SOBRE COMUNIDADES CAMPESINAS EN EL DISTRITO DE TORAYA DE LA PROVINCIA DE AYMARAES


      
     A iniciativa del Director de la Agencia Agraria de Aymaraes, Ingº Arturo Medina Collavino, el día 14 de diciembre último se realizó un CURSO SOBRE COMUNIDADES CAMPESINAS en el distrito de Toraya de la provincia de aymaraes, estuvieron también presentes en el evento la Ingª Marina Guzmán Jiménez y el técnico agropecuario José Antonio Román Chipa, de la Oficina Agraria de Santa Rosa y a cargo de la coordinación con este distrito.   

La facilitación del Curso estuvo a cargo de Ciro Víctor Palomino Dongo, Director (e) de  Comunidades Campesinas de la Dirección Regional Agraria de Apurímac. Dentro del curso se abordaron dos temas:

1.- Difusión de la legislación en materia de Elecciones de las Directivas Comunales correspondientes al periodo 2018 -2019.

2.- La legislación sobre el Territorio Comunal.


ACERCA DEL DISTRITO DE TORAYA:

            El distrito de Toraya, ubicado a 14º 02’ 57” latitud Sur y 73º 17’ 36” longitud Oeste. Tiene una extensión de 173.05 kilómetros cuadrados. Su capital es la Villa de Toraya, situado a 3,146 m.s.n.m.. El distrito tiene una población de 1949 habitantes, proyectada al año 2014.

Imagen satelital de parte del distrito de Toraya

COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE TORAYA:

            Son cuatro las Comunidades Campesinas que existen en el distrito de Toraya, a saber:

  1. La Comunidad Campesina de Canua, reconocida oficialmente mediante Resolución Suprema Nº 0277-TC, del 23 de setiembre de 1968, e inscrita en el Tomo I, Folio Nº 183 de Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Abancay, su fecha 21 de mayo de 1990.
Esta Comunidad tiene en propiedad un territorio comunal de una extensión superficial de  6,454.3750 hectáreas el mismo que se encuentra inscrito en la Ficha Nº 196 de Registro de Predios de la Oficina Registral de Abancay, su fecha 23 de junio de1994.

  1. La Comunidad Campesina de Condebamba Tanta, reconocida oficialmente mediante Resolución Suprema Nº 0363-TC, del 11 de noviembre de 1968, e inscrita en el Tomo I, Folio Nº 185 de Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Abancay, su fecha 21 de mayo de 1990.
Esta Comunidad tiene en propiedad un territorio comunal de una extensión superficial de  2,933.5000 hectáreas el mismo que se encuentra inscrito en la Ficha Nº 016 de Registro de Predios de la Oficina Registral de Abancay, su fecha 17 de junio de 1987.

  1. La Comunidad Campesina de Llinqui, reconocida oficialmente mediante Resolución Suprema Nº 04 del 09 de enero de 1957, e inscrita en el Tomo I, Folio Nº 179 de Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Abancay, su fecha 21 de mayo de 1990.
Esta Comunidad tiene en propiedad un territorio comunal de una extensión superficial de 2,215.3750 hectáreas el mismo que se encuentra inscrito en la Ficha Nº 105 de Registro de Predios de la Oficina Registral de Abancay, su fecha 21 de setiembre de 1987.

  1. La Comunidad Campesinas de Toraya, reconocida oficialmente mediante Resolución Suprema Nº 041-TC del 26 de febrero de 1968, e inscrita en el Tomo I, Folio Nº 181 de Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Abancay, su fecha 21 de mayo de 1990.
Esta Comunidad tiene en propiedad un territorio comunal de una extensión superficial de 9,947.6850 hectáreas el mismo que se encuentra inscrito en la Ficha Nº 195 de Registro de Predios de la Oficina Registral de Abancay, su fecha 23 de junio de 1994.

            Estas cuatro Comunidades Campesinas tiene su origen en la reducción de indios de San Jerónimo de Toraya, lo que quiere decir que sus orígenes se encuentran en los ayllus (grupos familias que controlan un territorio) que ocuparon estas tierras desde tiempos inmemoriales y que fueron reducidas en el mencionado pueblo de San Jerónimo de Toraya en tiempos del virrey Francisco de Toledo en los años 1570 en adelante.

Como consecuencia de este hecho estas comunidades pasaron la secuencia histórica de ser ayllus incaicos, reducción de indios, pueblos de indios en tiempos de la colonia y  Comunidades de Indígenas y Comunidades Campesinas en estos tiempos de la república peruana.


UN POCO DE SU HISTORIA:

En su obra “Topónimos de Apurímac” de Rubén Aucahuasi, se señala al topónimo “Toraya” deriva de thuraatha que según el Diccionario Aymara de Ludovico Bertonio, significa “Afirmar, fortalece algo” y por deducción lo hace significar “fuerte, una fortaleza, un bastión”.

Por nuestra parte no estamos de acuerdo con esta significación, pues sabemos por la “Cuenta del importe de tributos que deven satifacerse por indios tributarios  de los pueblos, aíllos y haciendas y estancias que comprende  los ocho repartimientos de que se compone el partido de aimaraez de la intendencia del Cuzco, según  la nueva matricula principiada el 14 de maio (mayo) de año pasado de 1791”,[i] que el Ayllu de Toraya, junto con los de Soraya Tintay, Chuquinga, Huayllaripa, Sañaica, Capaya, Colcabamba, Lucre, Chacña, Caracara, Circa, Pichirhua, Chalhuaní, Cotarma y Lucuchanga, pertenecieron al Repartimiento de los Quechuas de la provincia de los Aymaraes, siendo esto así mal podría derivar su nombre del aymara.   


Pero en el “Compendio Breve de Discursos varios sobre diferentes materias y noticias geográficas comprendidas a este Obispado del Cuzco que claman remedios espirituales” de Pablo José Oricaín de 1790,  se señala el nombre de “Torayca”, del mismo modo en la descripción que hace José María Blanco del Corregimiento de Aimaraes[ii],  y estos hechos nos hace reflexionar en que podemos encontrar otro significado para esta palabra.

El día 06 de febrero de 1583, don Martín Enríquez de Almansa y Ulloa, sexto Virrey del Perú, formuló un informé al rey de España, donde se adjuntó una: “RELACIÓN DE LOS CORREGIMIENTOS Y OTROS OFFICÍOS QUE SE PROVEEN EN LOS REYNOS E PROVINCIAS DEL PIRU, EN EL DISTRITO E GOBERNACIÓN DEL VISORREY DELLOS”, respecto del Corregimiento del Aymaraes y más propiamente al pueblo de Toraya, refiere:

“Corregimiento de la provincia de Aymaraes.

Este corregimiento tiene mil pesos de salario de la dicha plata pagados de lo aplicado en las tasas para este efeto tiene en su jurisdicion los rrepartimientos y pueblos de yndios siguientes:

(…..)

El rrepartimiento de los quichuas de la corona rreal los tributos para la paga de los lanzas tiene 1313 yndios tributarios y 8150 personas rreducidos en cinco pueblos llamados San Francisco de Cotarma, San Salvador de Tintay, San Pedro de Sonayca. San Gerónimo de Toraya y nuestra señora de los Remedios de Chuquinga.”

            En su informe al Obispo del Cusco, Manuel de Mollinedo y Angulo, para atender su solicitud sobre información detallada de la realidad de cada una de las doctrinas de su Obispado, que fueron recopilados por Horacio Villanueva Urteaga;[iii] el cura de la Doctrina de Soraya, Diego de Torres Vejarano que se ocupaba de las parroquias de Soraya, Capaya, Sañayca y Toraya, sobre esta parroquia el día 28 de setiembre de 1689, informó:

  “El pueblo de Toraia tiene dos hasiendas de plan llebar distantes a una legua, que se nombran Sarani, donde juntamente ay un molino y es de un español llamado Franc.o de Estrada; y Cama, que tambien es de dho español llamado Juan de Rosales: y sinco estancias de los Indios de sembrar mais y trigo q’ se llaman Tanta, Mollocochi, que tien otro molino, Cahlvini, Paico y Uancaraua; y en la punta tiene tres estancias de bacas tambien de los Indios, q’ se nombran Llenque, Chontani y Pachapampailla.”

            Seguidamente informa sobre su población en aquellos tiempos:

El pueblo de Toraia tiene–

Veintiun españoles y mestisos --------------------------- 021
Ocho españoles y mestisas ---------------------------------------------- 008
Ocho niños -----------------------------------------------  008
Sinco niñas ---------------------------------------------    005
Setenta y quatro Indios naturales y forasteros de todas edades 074
Siento y ochenta y ocho Indias de todas edades --------188
Treinta y sinco muchachos ------------------------------- 035
Treinta y siete muchachas ------------------------------- 037
                                                                                     -----                                                                                                                                                                376


Este pueblo de Toraya junto a Capaya, y Sañaica, durante buena parte de la colonia pertenecían a la Cabecera de Curato de Soraya, que fue la capital de todos estos pueblos y como tales estos eran sus Anexos.

    Es importante destacar que fue párroco de esta Doctrina de Soraya el ilustre doctor en Teología Justo Apu Sahuaraura Inca Ramos Tito Atauchi Yaurac de Ariza Tito Condemaita donde fue vicario foráneo y juez eclesiástico por título librado por el ilustrísimo señor doctor don Fray Calisto de Orihuela. En esta doctrina de Soraya construyó tres iglesias donde gastó de su propio peculio más de cinco mil pesos. 

     Este importante prócer de la independencia y vencedor de la Batalla de Ayacucho, a quien en esa doctrina de Soraya el Libertador Simón Bolívar le otorgó una Medalla Cívica y Diploma el 10 de mayo de 1825 por haber asumido la defensa de la patria, también fue diputado por Aymaraes para el Congreso Constituyente de 1825 y fue elegido Oficial de la Legión de Honor el día 15 de agosto de 1938. De él tenemos su obra intitulada: “Recuerdos de la Monarquía Peruana o bosquejo de la historia de los Incas”.

Ya dentro de la República, cuando todavía los pueblos de Toraya, Capaya y Sañaica eran parte del distrito de Soraya, mediante Ley del 30 de Octubre del 1901, estando como Presidente de la República don Eduardo López de Romaña, se trasladó al pueblo de Toraya la capital del distrito de Soraya de la provincia de Aymaraes, pero mediante Ley Nº 2844 del 21 de noviembre de 1918, estando como Presidente de la República don José Pardo, se trasladó nuevamente al pueblo de Soraya la capital de este mismo distrito.

Estos traslados produjeron una fuerte crispación entre los hacendados y propietarios privados de tierras, pero finalmente después de 18 años mediante Ley Nº 8426, del 15 de julio de 1936, se creó el distrito de Toraya, en la provincia de Aymaraes, cuya capital es el pueblo del mismo nombre, el que por esta misma Ley fue elevado a la categoría de Villa y a la de pueblos, los anexos de Canua, Condebamba, Llañupampa y Tanta.

Asimismo se dispuso que el nuevo distrito esté integrado por la Villa de Toraya, con su anexo Challahuino; el pueblo de Canua, con su anexo Llinque; el pueblo de Condebamba, con su anexo Aparay; el pueblo de Llañupampa, con su anexo Sarani; el pueblo de Tanta, con su anexo Ccasaya y el pueblo de Huayquipa. Aclarándose que los límites del nuevo distrito serían los de los pueblos que lo forman.

Más adelante el pueblo de Huayquipa fue integrado al nuevo distrito de Huaillo creado por Ley Nº 13430, del 30 de diciembre de 1959.


DEL DESARROLLO DE CURSO:

            A este curso asistieron los directivos de las Comunidades Campesinas de Toraya, Canua, Condebamba-Tanta y Llinqui, todas ubicadas dentro del ámbito del distrito de Toraya, así como las principales autoridades del mismo.

Lo grato y novedoso fue  que los estudiantes del último año de secundaria y sus profesores del Colegio Secundario Mixto “San Jerónimo” de Toraya, asistieran y eso es muy importante porque se hace necesario que desde esa edad sepan qué es una Comunidad Campesina, cómo se organiza y gobierna, pues más adelante la conducción de esta organización campesina estará en sus manos. Sobre este punto resulta necesario señalar que dentro de la currícula escolar de los colegios secundarios de Apurímac se dice el curso sobre organización, gestión y legislación comunal.

            Dentro del dictado de curso también se trató temas como:

-  El origen de las Comunidades Campesinas en el Perú.

-  La Ley Nº 29824,  Ley de Justicia de Paz, respecto de las funciones notariales de los Jueces de Paz;

- Los diversos problemas que en materia de organización y gestión comunal tienen estas comunidades, así como su problemática respecto de la tenencia de tierras comunales; y

- La regularización de la institucionalidad comunal que deben de realizar sus autoridades (Actualización de Padrón Comunal, actualización de sus Estatutos, otorgamientos de Certificados de Uso de Tierras y levantamiento de Censo Familiar Comunal.

El evento culminó con la absolución de las preguntas de los asistentes que versaron sobre los problemas específicos que tiene cada comunidad en materia de organización y legislación comunal, trabajo comunal y el uso, disfrute y disposición de las tierras comunales.




[i] Proceso de composición y titulación de tierras en Apurímac-Perú, siglos XVI-XX. Tomo I: Abancay, Antabamba, Aymaraes, Chincheros", Hostnig, Rainer; Palomino Dongo, Ciro; Decoster, Jean-Jacques. Cusco: Instituto de investigaciones jurídicas y asesoramiento. IIJA - Asociación Kuraka - Universidad de Viena, Instituto de estudios históricos sobre América Latina, 2007. Pág. 768.
[ii] Blanco, José María, CUZCO, Revista del Instituto Americano de Arte, Año VIII, Cuzco, 1958, pág. 46.
[iii]VILLANUEVA URTEAGA, Horacio. Cuzco 1689:[documentos]: economía y sociedad en el sur andino: informe de los párrocos al obispo Mollinedo. Editorial Centro de Estudios Rurales Andinos Bartolomé de las Casas, 1982 Cusco.

jueves, 19 de octubre de 2017

EL PROCESO DE REFORMA AGRARIA EN APURÍMAC


         El proceso de Reforma Agraria en el Perú, fue precedido hasta por tres intentos fallidos que fueron iniciados para atenuar los conflictos y movilizaciones campesinas durante el segundo gobierno de Manuel Prado (1956-1962), la Junta Militar de 1962 presidida por Ricardo Pérez Godoy que dictó la Ley de Bases de la Reforma Agraria, y el primer periodo presidencial de Fernando Belaúnde Terry, durante el cual se promulgó la Ley Nº 15037, Ley de Reforma Agraria, del 21 de mayo de 1964.

Esta Ley solo significó en Apurímac, el empadronamiento general de los colonos de las haciendas del valle del distrito de Abancay. 

        El verdadero proceso de Reforma Agraria se produjo el día 24 de junio de 1969, con la promulgación en el Cusco del Decreto Ley Nº 17716, Ley de Reestructuración de la Tenencia de la Tierra Rustica, llamada también “Ley de Reforma Agraria”, por el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, presido por el Gral. Juan Velasco Alvarado con los siguientes propósitos: 01) Sustituir los regímenes del latifundio y minifundio por un sistema justo de la propiedad rural; 02) Que la nueva tenencia y explotación de la tierra contribuya al desarrollo social y económico de la Nación; 03) Que el nuevo ordenamiento agrario garantice la justicia social en el campo y aumente la producción y la productividad del sector agropecuario; 04) Que eleve y asegure los ingresos de los campesinos; y 05) Que la tierra constituya para el hombre que la trabaja, base de su estabilidad económica, fundamento de su bienestar y garantía de su dignidad y libertad.
.
         La afectación de las tierras de propiedad de particulares para fines de Reforma Agraria, se hicieron bajo tres modalidades:

a)    Las mayoría fueron administrativamente afectadas (medición, valorización e informe de explotación) y su expropiación judicial se hicieron de conformidad a lo dispuesto por los artículos 44º al 62º del Decreto Ley Nº 17716.

Una parte del pago del justiprecio de las expropiaciones se hicieron mediante depósitos judiciales en efectivo, y el saldo en títulos-valor denominados “Bonos de Reforma Agraria” de las clases A, B y C con vencimiento en diferentes fechas.

b)  Algunos pequeños predios fueron revertidos a propiedad del Estado Peruano representado por la ex Dirección de Reforma Agraria y Asentamiento Rural del Ministerio de Agricultura, por tratarse de tierras abandonadas de conformidad a lo dispuesto por los artículos 8º y 9º del Decreto Ley Nº 17716: y

c)    Otros predios fueron revertidos a propiedad del Estado Peruano por tratarse de tierras eriazas[1] de conformidad a lo dispuesto por el artículo 192º del Decreto Ley Nº 17716.


Esta Ley produjo importantes cambios en el Perú rural pues liquidó el latifundio colonial y consecuentemente a la oligarquía terrateniente que hasta entonces era la clase social y económica más importante del país, que representando el 0.4% de la población peruana era dueña del 83.2% de las tierras disponibles.

De todas las tierras afectadas, expropiadas y revertidas a la propiedad fiscal dentro del proceso de Reforma Agraria peruano, casi 10 millones de hectáreas fueron adjudicadas a favor de las Cooperativas Agrarias de Producción (CAP), las Sociedades Agrícolas de Interés Social – SAIS, y en menor medida a favor de las Comunidades Campesinas.[2] Así tenemos que entre 1970 y 1979 se intervino y adjudicó:


Avances de la reforma con relación a sus metas reajustadas
(al 24 de junio de 1979)

EXPROPIACIONES
ADJUDICACIONES

Fundos Nro.
Superficie
(Miles de Has)
Beneficiarios Nro.
Superficie
Miles de has

Metas
15,910
9,520.4
400,000
9,755.9*

Realizado
15,826
9,065.8
360,610
8,199.6

Pendiente
84
454.6
39,390
1,556.3

Avance
99.4%
95.2%
90.1%
84.0%

Fuente: Matos, José, "Reforma agraria: Logros y contradicciones 1969 - 1979". Instituto de Estudios Peruanos, 1980

Para la aplicación de este Decreto Ley en el departamento de Apurímac, se promulgó el Decreto Supremo Nº 494-71-AG, del 30 de noviembre de 1971, que declaró en proceso de Reforma Agraria todos los predios rústicos ubicados dentro del mismo.

         Antes del año 1969, el 80% de las tierras del departamento de Apurímac, estaba concentrada en haciendas y fundos privados, pero trabajados por campesinos sin tierras en condición de colonos, yanaconas, aparceros, arrendires, allegados, mejoreros, precarios, huacchilleros y otras formas similares de explotación indirecta de la tierra vinculada a la prestación de servicios personales, con retribución salarial o sin ella.

El 15% pertenecía a las Comunidades Campesinas amparadas básicamente en títulos coloniales como los Amparos de Posesión y los títulos de Medida, Remedida, Venta y Composición de Tierras de los siglos XVII y XVIII, cuyo valor jurídico debía ser refrendado administrativamente, y el 5% se trataban de pequeñas parcelas de propiedad privada familiar, ubicadas generalmente en la periferia de las ciudades capitales de sus provincia o de los distritos más importantes.

         En total se afectaron y expropiaron 126 haciendas, más de 100 predios rústicos se declararon en abandono y más 100,000 hectáreas de tierras eriazas fueron revertidas al Estado, lo que quiere decir que la reestructuración de la tenencia de las tierras rusticas en Apurímac alcanzó a más de 600 mil hectáreas.

         Solo en el distrito de Abancay de la provincia del mismo nombre  se afectaron, expropiaron y adjudicaron las siguientes propiedades:

PREDIOS RUSTICOS AFECTADOS Y ADJUDICACADOS POR EL PROCESO DE REFORMA AGRARIA EN EL DISTRITO DE ABANCAY
PREDIO RUSTICO
EXTENSION HAS.
UBICACION
01
MAUCACALLE SAHUANAY[3]
707.2380
ABANCAY
02
SAN GABRIEL
19,860.3000
ABANCAY
03
ILLANYA PACHACHACA Y ANEXO CARMEN
8,576.4500
ABANCAY
04
ATUMPATA
359.0000
ABANCAY
05
AYAORCCO
133.0000
ABANCAY
06
CHUPAPATA
105.0000
ABANCAY
07
CURANGUYOC-CCERAPATA
383.7500
ABANCAY
08
PURUCHACCA ALTA
1,650.0000
ABANCAY
09
HUAYLLABAMBA
348.1850
ABANCAY
10
ASILLO
329.3500
ABANCAY
11
PUQUIO
176.0000
ABANCAY
12
SAN JORGE
462.0000
ABANCAY
TOTAL
32,741.7380 Hectáreas


En las haciendas que, a la fecha de su intervención por el proceso de Reforma Agraria tenían capacidad de producción agroindustrial, se constituyeron 25 Cooperativas Agrarias de Producción (CAPs), de la cuales podemos citar por su importancia a la CAP “Micaela Bastidas” en la ex hacienda San Gabriel, la CAP “Illanya Pachachaca” en la ex hacienda “Illanya-Pachachaca”, CAP “Yaca Ocobamba” en la ex hacienda Yaca Ocobamba, todas dentro de la provincia de Abancay, la CAP “Pampatama” en la ex Hacienda Pampatama de la provincia de Aymaraes, la CAP “San Martín de Pincos” en la ex hacienda Pincos de la provincia de Andahuaylas, etc.

Las que luego de tratar de realizar algunas actividades empresariales de caracter agropecuario fracasaron estrepitosamente, pese a contar con el financiamiento del Banco Agrario del Perú, (hoy disuelto y liquidado) debido especialmente a tres factores:

1) Porque estas cooperativas fueron defraudadas por los administradores que les impuso el Sistema Nacional de Movilización Social – SINAMOS;[4]
2)   Por el modo autoritario cómo se obligó a los feudatarios de estas haciendas a pertenecer a la Cooperativa bajo apercibimiento de no considerarlos dentro de padrón de beneficiarios de la adjudicación; y
3)   Por existir compradores de parcelas tierras de los ex hacendados que en todo momento se negaron a ser parte de la gestión empresarial de la cooperativa.

Todos estos factores y otras circunstancias dieron origen a que dentro de sus tierras se diera un incipiente proceso de parcelación que luego se tornó imparable.

         Más adelante, hacia afines de 1980, estas parcelaciones recibieron un impulso legal decisivo mediante el Decreto Legislativo Nº 02, Ley de Promoción y Desarrollo Agrario, promulgado durante el segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry, que en su artículo 78º disponía que: “las empresas campesinas asociativas, adjudicatarias de tierras y otros bienes agrarios podrán ser reestructuradas por la Dirección General de Reforma Agraria cuando presenten deficiencias en el dimensionamiento de su ámbito territorial o en la modalidad de adjudicación”.

Las propias cooperativas pudieron decidir sobre su reestructuración al amparo del artículo 80º de esta misma norma, que decía: “las empresas asociativas podrán decidir libremente sobre el modelo empresarial que mejor convenga al interés de sus asociados”, sobre la base de este dispositivo se dictó la Directiva de Órgano Nº 004-83-DGRA/AR “NORMATIVIDAD PARA EL CAMBIO DE MODELO EMPRESARIAL DE LAS EMPRESAS CAMPESINAS ASOCIATIVAS, para más tarde elevarla a la categoría de decisión política del Gobierno Nacional mediante en el Decreto Supremo Nº 113-84-AG, que fijó los requisitos y estableció los procedimientos administrativos del caso.

         Como quiera que la aplicación de esa norma para acceder a adjudicaciones de parcelas individuales debía ser por cuenta de sus beneficiarios, en la mayor parte de los casos, los parceleros de las ex cooperativas se decidieron por la reestructuración de la empresa a Comunidades Campesinas por les resultaba muy oneroso pagar los servicios de topógrafos, contadores y otros profesionales para presentar un proyecto de cambio en la modalidad de la tenencia de la tierra a parcelas individuales o familiares, de donde resulta que solo tres cooperativas se decidieron por la parcelación individual o familiar, es el caso de la CAP “Maucacalle Sahuanay” , la CAP “Tambobamba”  de Huanipaca y la CAP “Caminos del Inka”, dos decidieron su reestructuración mixta, la CAP “Illanya Pachachaca” y la CAP “Micaela Bastidas, cuyas tierras bajo riego pasaron a ser propiedades individuales y sus tierras de secano y pasos naturales a Comunidades Campesinas.

         Para la adjudicación de las pequeñas haciendas y fundos expropiados o las tierras revertidas a la propiedad estatal por abandono se reconoció en esos predios a “Grupos de Campesinos sin Tierras” y para los fines de hacerlos legalmente aptos para ser adjudicatarios del proceso de Reforma Agraria, mediante Decreto Ley Nº 21548 se le otorgó personería jurídica transitoria.

Las tierras revertidas a la propiedad estatal por ser declaradas eriazas, en muy pocos casos fueron otorgados en compra-venta a algunas personas naturales. La mayor parte de estas tierras pasaron a la propiedad de las Comunidades Campesinas en aplicación del artículo 2º[5] de la Ley Nº 24657, Ley de Deslinde y Titulación del Territorio de las Comunidades Campesinas del Perú, en las que se comprendió como parte de las tierras a titular: las eriazas. 



      Debemos destacar que los integrantes de estos “Grupos Campesinos”, casi inmediatamente después de la ministración de su posesión por los Jueces de Tierras encargados de los procesos judiciales de expropiación, procedieron a parcelarse las tierras adjudicadas a su favor. Ante esa masiva e irreversible situación la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural del Ministerio de Agricultura,  no tuvo más remedio que expedir la Directiva de Órgano Nº 001-82-DRAG/AR, del 02 de setiembre de 1,982, con el objeto establecer los requisitos y procedimientos para que esos Grupos Campesinos adopten una modalidad definitiva de adjudicación, la que podía ser:

01) Su transformación en una Empresa Asociativa;
02) Su reconocimiento como Comunidad Campesina; o,
03) Su transformación en Empresas Individuales (parcelas privadas).

Como quiera que los gastos para la implementación de la primera y última de estas modalidades de adjudicación debía correr por cuenta de los beneficiarios, todos optaron por su reconocimiento como Comunidades Campesinas por ser este un procedimiento administrativo gratuito y a cargo del Estado, y porque además el Ministerio de Agricultura tenía la necesidad apremiante de sanear la tenencia de esas tierras para frenar en el plano psicosocial a la galopante subversión y la guerra sucia andina de los años 80’ del siglo pasado.

De modo que en Apurímac de las 84 Comunidades Campesinas que existían a noviembre de 1960, a la actualidad existe 472 Comunidades Campesinas oficialmente reconocidas, que con títulos de propiedad inscritos en los Registros Públicos son propietarias del 81.16% del territorio del departamento, con lo que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que: APURIMAC ES UNA REGIÓN COMUNERA.

         Finalmente solo nos queda decir que la Reforma Agraria iniciada el 24 de junio de 1969, es un hecho social, económico e histórico irreversible, pero aún así se mantienen dos opiniones controversiales sobre su implementación, a saber:

         Sus críticos nos dicen:

1. Que descapitalizó el agro con gran pérdida de infraestructura agraria, de maquinaria agrícola y del conocimiento empresarial acumulado;
2.    Que la agricultura y la ganadería retrocedieron en todo sentido desde el punto de vista técnico.
3.    Que no resolvió el problema de la extendida y extrema pobreza rural, donde aún más de las dos terceras partes de su población es pobre o extremadamente pobre y con necesidad de abandonar el campo para emigrar a la periferia de las ciudades.

Pese a esto, sus defensores argumentan:

1.  Que la Reforma Agraria fue un acto de justicia redistributiva, que permitió el acceso directo a la tierra a un gran número de campesinos desposeídos.
2.    Que desplazó de la sociedad rural a los terratenientes tradicionales, eje del poder “gamonal”, sustento de un orden semifeudal reaccionario y antimoderno.
3. Que liberó al país de las relaciones serviles a las que estaban sometidos centenares de miles de campesinos.
4. Que contribuyó a democratizar la sociedad rural, e hizo así posible la incorporación de millones de peruanos a la colectividad política y a la condición ciudadana.




[1] Se consideran terrenos eriazos los no cultivados por falta o exceso de agua y demás terrenos improductivos.
[2]Artículo 67.- Las adjudicaciones serán hechas en propiedad por la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural en favor de campesinos sin tierras o que las posean en cantidad insuficiente. En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 211 de la Constitución del Estado, gozarán de la misma preferencia las Comunidades Campesinas, así como las Cooperativas y las Sociedades Agrícolas de interés social, en su caso. (Decreto Ley Nº 17716)
[3] Aunque fue expropiada por la Ley Nº 13849 del 11 de enero de 1962, fue adjudicada dentro de la normatividad del Decreto Ley Nº 17716 y a la larga también parcelada.
[4] El Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, más conocido por su acrónimo SINAMOS, fue una entidad estatal creada en junio de 1971 por el gobierno de Juan Velasco Alvarado (primera fase del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas del Perú.). Como su director fue designado el general Leónidas Rodríguez Figueroa.
[5] Artículo 2.- El territorio comunal está integrado por las tierras originarias de la Comunidad, las tierras adquiridas de acuerdo al derecho común y agrario, y las adjudicadas con fines de Reforma Agraria.  Las tierras originarias comprenden: las que la Comunidad  viene poseyendo, incluyendo las eriazas, y las que indican sus títulos. En caso de controversia sobre esos títulos, el Juez competente calificará dichos de instrumentos.